El grupo parlamentario socialista en su empeño por mantener a flote la industria de género, ha solicitado en el parlamento que se modifique el Código Civil, el Código Penal y de la ley de enjuiciamiento criminal, para impedir que los padres imputados por delitos de violencia de género (denunciados), no puedan obtener la guardia y custodia de sus hijos, y de esta forma impedir que puedan relacionarse con ellos, la portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados Soraya Rodríguez ha manifestado que los jueces deben acordar ”la suspensión de la guardia y custodia o la suspensión cautelar de las visitas y del régimen de encuentros” y que en caso de no obrar según las proclamas, el juez ”debe razonar por qué entiende que no hay riesgo para el menor, que no hay esa situación de violencia y que no adopta medidas de protección“.
la suspensión del régimen de visitas a favor del padre es una barbarie, que solo va a conllevar más muertes, debidas a la desesperación de cualquier padre que se precie de tal, si un padre sabe a ciencia cierta, que tras una falsa denuncia de malos tratos, se le va a impedir ver a sus hijos durante al menos cinco años, debido a la dilación judicial y a los diversos recursos de parte, pudiera llegar a la convicción, de que, si yo no puedo, tu tampoco.
Forzar a un juez, a demostrar los motivos por los que no impide a un padre presunto maltratador a ejercer como tal, nos parece una injerencia en la libertad de la judicatura, que no pretende otra cosa que atenazar y amordazar la libertad de los jueces, que juez en su sano juicio, si se lleva a cabo esta reforma, va a permitir que un padre vea a sus hijos, a sabiendas, de que si por desgracia, resulta que le toca un desalmado que mate a sus hijos, se juega su puesto, son ustedes muy socialistos.
Asimismo, pretenden modificar el Código Penal, porque, en su opinión “las últimas decisiones de algunas audiencias provinciales en las que no habiendo un criterio único se están produciendo algunos casos de clara indefensión” a las victimas (presuntas) y las audiencias exigen “una prueba diabólica” del ánimo de dominio del maltratador a la víctima.
Nos parece un cachondeo y una burla a los colectivos afectados por la LIVG, esta victimización de a presunta agredida y que no se piense de igual forma cuando la persona que está sentada al otro lado tiene los mismos derechos que la acusadora, por todos es sabido, que según sentencia del tribunal constitucional, las meras declaraciones de la presunta víctima son suficientes para condenar a un inocente, por ello los jueces con sentido común, exigen los tres preceptos necesarios para poder adoptar dicha doctrina, a saber: Ausencia de intereses espurios, corroboración periférica y mantenimiento de la versión durante todo el procedimiento judicial, ahora, pretenden modificar la ley, para poder encarcelar a más inocentes y miden con un diabólico rasero según el sexo, el varón no podrá mantener su presunción de inocencia, mientras que una sola palabra de la presunta víctima bastara, no para sanarle, sino, para encarcelarle unos años.
Por su parte la Asociación de Mujeres Juristas Themis, Amalia Fernández, ha hecho hincapié en que para acabar con el maltrato hacen falta medidas pero también presupuesto.
Claro que sí, dinerito fresco eso es lo que queréis, ellas mismas se definen y me alegra decir que facilitan el trabajo de los opositores a las leyes sexistas, felicidades THEMIS.
La República Cocotera 